La RAE define estraperlo como «actividad ilegal que consiste en comerciar con artículos intervenidos por el Estado o sujetos a tasa», y en el lenguaje coloquial se emplea como sinónimo de mercado negro. El auge de esta práctica se incrementó tras la Guerra Civil, durante la autarquía, pues el desabastecimiento de productos de primera necesidad azotaba el país. Sin embargo, el origen del estraperlo va mucho más allá. Y es que, entre sus sílabas, se esconde la historia de uno de los mayores escándalos políticos de España.
Pongámonos en situación. En octubre de 1935, Joaquín Chapaprieta presidía el tercer gobierno radical-cedista de la Segunda República. En aquella época, los juegos de azar estaban prohibidos en España, al igual que en la mayoría de los países de Europa. En este contexto, Daniel Strauss, un empresario judío de origen alemán nacido en Holanda, y su socio, J. Perlowitz, emprendieron una nueva aventura: popularizar la ruleta. La actividad económica de Strauss consistía en organizar espectáculos de fiestas, veladas de boxeo y producciones cinematográficas. Tuvo varias residencias entre Europa y América, llegando a vivir en México, país en el que se nacionalizó y de donde huyó en 1927, al ser acusado de unos negocios turbios y de robar una joya valorada en tres mil dólares. Más tarde, recaló en su Holanda natal para iniciar la puesta en marcha de esta ruleta. Pero el Gobierno neerlandés puso trabas al invento al poco de estrenarlo en La Haya, y Strauss fue expulsado del país. Después de ello, lo intentó en Ostende, y en 1934 aterrizó en Barcelona, donde llegó a hacer pruebas en el casino de Sitges. No tuvo suerte, pues el Gobierno de la Generalitat presidido por Lluís Companys prohibió la explotación del aparato, de modo que los socios probaron suerte en Madrid, aún con Lerroux en la presidencia del Consejo de Ministros.
Strauss y Perlowitz patentaron una ruleta eléctrica de trece números que permitía saber en qué lugar iba a caer la bola mediante un simple cálculo aritmético. Esta peculiaridad permitió a los socios inscribirla, no como un juego de azar, sino de habilidad. Tras el visto bueno de la Administración Central de la República Española, la ruleta de la marca Estraperlo fue presentada en el Casino de San Sebastián en 1934, y luego en Palma de Mallorca. El nombre provenía de la combinación de la primera sílaba de los apellidos de sus creadores: Strauss y Perlowitz. Según algunas fuentes, se dice que también intervino la esposa del segundo, de apellido Lowann. Los contactos de ambos empresarios con los dirigentes del Partido Radical que presidían el Gobierno fueron clave para la instalación de los aparatos. En la negociación, los hombres clave fueron Joan Pich i Pon —subsecretario de Marina—, Rafael Salazar Alonso —Ministro de la Gobernación, en cuyo despacho se agilizaron las primeras pruebas— y Aurelio Lerroux, sobrino del presidente Alejandro Lerroux.
El funcionamiento del juego se explicó en un informe del gabinete de Lerroux: Es una máquina parecida a una ruleta, cuya bola cae en un número, pasa por un pivote y no hay más que hacer una suma determinada con aquel por donde ha pasado la bola y en ese número cae automáticamente. Sin embargo, no mencionaron con tanta claridad un detalle importante: la persona encargada de manejar el artefacto podía elegir el hueco por el que caía la bola apretando un botón que accionaba un mecanismo de relojería, y así las ganancias iban a parar a los bolsillos de varios miembros del Partido Radical.
A las tres horas de que la ruleta comenzase a rodar en el casino de San Sebastián, algunos asistentes advirtieron que siempre ganaba la banca. La Guardia de Asalto —el cuerpo equivalente a la actual Policía Nacional— se personó para clausurar el local y todas las sospechas se confirmaron: Estraperlo era una burda estafa. Strauss escribió una carta a Alejandro Lerroux, pidiéndole una indemnización de 85.000 pesetas por las molestias y los gastos de instalación. Según cuenta la leyenda, el propio Lerroux hizo una bola con dicha reclamación y la tiró a la papelera. Molesto por el desplante, el empresario se dirigió entonces al presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, quien le envió el dossier con las pruebas de la trama de corrupción de nuevo a Lerroux en septiembre de 1935. El radical dimitió poco después, según algunos historiadores presionado por Alcalá-Zamora, quien esta vez le daría traslado del informe al nuevo jefe de Gobierno: Joaquín Chapaprieta.
El escándalo ya estaba servido. La cuestión se debatió en una comisión parlamentaria celebrada en las Cortes y el dictamen señaló textualmente: Han existido actuaciones que no se ajustaron a la austeridad y a la ética que en la gestión de los negocios públicos se suponen. Tras el veredicto, Lerroux abandonó el Gobierno y dejó la política, lo que supuso el declive del Partido Radical y el fin del bienio conservador. Alcalá-Zamora disolvió las Cortes y se convocaron elecciones para febrero de 1936, las últimas en España en los siguientes cuarenta años.