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La RAE define estraperlo como una actividad ilegal que consiste en comerciar con artículos intervenidos por el Estado o sujetos a tasa, y en el lenguaje coloquial se emplea como sinónimo de mercado negro. Esta práctica tuvo su auge después de la Guerra Civil, en plena autarquía franquista, dada la carestía de productos de primera necesidad que imperaba en el país, pero el origen del estraperlo va mucho más allá. Y es que, entre sus sílabas se esconde la historia de uno de los mayores escándalos políticos de la historia de España.

Pongámonos en contexto. Corría el año 1935 y Joaquín Chapaprieta presidía el tercer gobierno radical-cedista de la Segunda República. En aquella época, los juegos de azar estaban prohibidos en España, al igual que en la mayoría de los países de Europa; sin embargo, durante los años treinta comenzó a popularizarse la ruleta, de la mano de Daniel Strauss, un empresario judío de origen alemán y nacido en Holanda, junto a su socio Perlowitz. Según otras fuentes, también intervino la esposa del segundo, de apellido Lowann. La actividad económica de Strauss consistía en organizar espectáculos de fiestas, veladas de boxeo y producciones cinematográficas. Tuvo varias residencias entre Europa y América, llegando a vivir en México, país en el que se nacionalizó y de donde huyó en 1927 al ser acusado de unos negocios turbios y de robar una joya valorada en tres mil dólares. Más tarde recalaría en su Holanda natal para iniciar la puesta en marcha de la nueva ruleta. El gobierno de Holanda puso trabas al invento al poco de estrenarlo en La Haya y Strauss fue expulsado del país; más tarde probaría en Ostende, hasta que en 1934 aterrizó en Barcelona donde incluso llegó a hacer pruebas en el casino de Sitges. El Gobierno de la Generalitat presidido por Lluís Companys prohibió la explotación del aparato, de modo que los socios probaron suerte en Madrid.

Strauss y Perlowitz patentaron una ruleta eléctrica de trece números que permitía saber en qué lugar iba a caer la bola mediante un cálculo aritmético. Esta peculiaridad permitió a los socios inscribir esta ruleta no como un juego de azar, sino de habilidad. Tras el visto bueno de la administración central, la ruleta de la marca Estraperlo fue presentada en el Casino de San Sebastián en 1934 y luego en Palma de Mallorca. El nombre provenía de la combinación de la primera sílaba de los apellidos de sus creadores. Los contactos de Strauss y Perlowitz con los dirigentes del Partido Radical que presidían el Gobierno fueron clave para la instalación de las ruletas. Los hombres clave en la negociación fueron Joan Pich i Pon —subsecretario de Marina—, Rafael Salazar Alonso —Ministro de la Gobernación— en cuyo despacho se agilizaron las primeras pruebas y Aurelio Lerroux, a la sazón sobrino del presidente Alejandro Lerroux.

El funcionamiento de la ruleta se explicó en un informe del gabinete de Lerroux: Es una máquina parecida a una ruleta, cuya bola cae en un número, pasa por un pivote y no hay más que hacer una suma determinada con aquel por donde ha pasado la bola y en ese número cae automáticamente. Sin embargo, no mencionaron con tanta claridad un detalle importante: la persona encargada de manejar el artefacto podía elegir el hueco por el que cayera la bola apretando un botón que accionaba un mecanismo de relojería para regular las ganancias que iban a parar a los bolsillos de varios políticos del Partido Radical.

A las tres horas de que la ruleta echase a rodar en el Casino de San Sebastián, algunos asistentes advirtieron que siempre ganaba la banca, de modo que la policía se personó para clausurar el local y salió a la luz que Estraperlo no era más que una burda estafa. Strauss escribió una carta a Alejandro Lerroux, pidiéndole una indemnización de 85.000 pesetas por las molestias y los gastos de instalación que, según cuenta la leyenda, el propio Lerroux hizo una bola con ella y la tiró a la papelera. Molesto por el desplante, Strauss se dirigió entonces al presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, que le envió el dossier con las pruebas de la trama de corrupción de nuevo a Lerroux en septiembre de 1935. El radical dimitió poco después, según algunos historiadores presionado por el propio Alcalá-Zamora que esta vez le daría traslado del informe al nuevo jefe de Gobierno: Joaquín Chapaprieta. El escándalo ya estaba servido. La cuestión se debatió en una comisión parlamentaria celebrada en las Cortes y el dictamen señaló textualmente: han existido actuaciones que no se ajustaron a la austeridad y a la ética que en la gestión de los negocios públicos se suponen. Tras el veredicto, Lerroux abandonó el Gobierno y dejó la política, lo que supuso el declive del Partido Radical y el fin del bienio conservador. Alcalá-Zamora disolvió las Cortes y se convocaron elecciones para febrero de 1936, las últimas en España en los siguientes cuarenta años.