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En 1851, Napoleón III había agotado su mandato como presidente de la Segunda República Francesa, y la Constitución de 1848 no le permitía ser reelegido. Ante esa situación, aprobó el sufragio universal masculino y planteó un referéndum que fue aprobado por el pueblo, pero que permitía que el Presidente gobernara sin límites de mandato. Con ello, se invistió del Poder Ejecutivo y también del Legislativo que le otorgaba el plebiscito, escapando así del control del Parlamento. Napoleón III había acaparado todos los poderes de Francia.

Pero aquella República autoritaria era sólo el trámite para sus verdaderas intenciones. Al año siguiente, mediante otro referéndum, proclamó el Segundo Imperio Francés y se coronó a sí mismo como emperador. Eso sí, democráticamente.

En noviembre de 2023, en España, la situación no parece más halagüeña. La tan cacareada Ley de Amnistía ya es una realidad. Y resulta tan necesaria para la conveniencia, perdón, convivencia que, en aquel lejano julio de 2023, sólo un día antes de las elecciones, era inconstitucional, ilegal y la ristra de adjetivos que se suelen emplear antes de que hagan falta siete votos para completar una mayoría parlamentaria.

Aceptarla supone un duro golpe al Estado de Derecho, a la separación de poderes y a la igualdad de todos los españoles. Es como decir que, por tener un cargo político, ciertas personas pueden disfrutar de impunidad por haber cometido los graves delitos que consideró probados el Tribunal Supremo en 2019.

Consiste, además, en admitir de facto que en España existen presos políticos y que los magistrados del Tribunal Supremo prevaricaron cuando, ley mediante, juzgaron y condenaron a los dirigentes del Procés que perpetraron el autogolpe en Cataluña.

Dicho sea de paso, la Ley prevé la creación de una comisión parlamentaria para que los propios jueces sean juzgados por aquellos que no se han arrepentido de sus actos e incluso afirman que reincidirán, algo que deja en pañales a la obra más ambiciosa de George Orwell.

La deriva autoritaria del Gobierno presidido por Pedro Sánchez queda patente en esta Ley de Amnistía que otorga poderes cuasi divinos al Ejecutivo. Lo hace amparándose en la tan manida convivencia, aunque por las revueltas sociales que han generado en toda España, se esté consiguiendo todo lo contrario. En esta misma línea se han pronunciado también instituciones como el Tribunal Supremo y trece de las diecisiete comunidades autónomas, incluida Castilla la Mancha, gobernada por el PSOE.

España es una monarquía parlamentaria, es decir, son los diputados quienes eligen el Congreso. Tener una mayoría política no implica tener una mayoría social: cuestiones tan importantes como amnistiar a quienes subvirtieron el orden constitucional requiere de un consenso que, a la vista de la actitud dictatorial del Gobierno y de las concentraciones en la puerta de las sedes del PSOE, ni está ni se le espera.

El autogolpe de 2017 en Cataluña supuso una vía de agua en la línea de flotación de la democracia en España. Seis años después, el buque está anegado y amenaza con hundirse. La desconfianza en las instituciones por parte de la ciudadanía empieza a notarse y nadie confía en que el Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido, escogido por el PSOE, pueda solucionarlo. La izquierda se posiciona a favor de la amnistía y la derecha se reviste de un republicanismo hooligan, como consecuencia de las limitaciones constitucionales de la Corona. Mientras, todos nos dirigimos a un autogolpe orquestado por el Gobierno con los prófugos de la justicia como fieles aliados. Y todo sin alzamientos violentos ni derramamientos de sangre, pero hacia un destino bastante incierto. Los siguientes días serán decisivos.