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El sueño húmedo de Irene Montero ya es una sólida realidad. Tras más de dos años de tramitación, el Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves a la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida popularmente como Ley del sólo sí es sí. Con 205 votos a favor, 131 en contra (PP y Vox) y la abstención de CUP, el ambicioso proyecto de la Ministra de Igualdad entrará en vigor el próximo mes de septiembre cuando sea publicado en el BOE.

La nueva norma gira en torno al consentimiento o, dicho de otro modo, a la rompedora concepción del mismo que sostiene el Ministerio de Igualdad. Por fin nuestro país reconoce por ley que el consentimiento es lo que tiene que estar en el centro de todas nuestras relaciones sexuales, manifiesta Irene Montero. Y lo cierto es que el consentimiento lleva siendo el epicentro para tipificar una violación desde el primer Código Penal español que data de 1822. Que nos vendan como revolucionario un delito que existe desde hace doscientos años, y que haya quien se lo crea, demuestra que malos y tontos tan sólo son las dos caras de una misma moneda.

Uno de los puntos clave de la ley es la eliminación del delito de abuso que, a partir de ahora, se une al de agresión sexual. La diferencia entre ambos delitos estaba marcada por la violencia o intimidación (agresión sexual) y prevalimiento (abuso sexual) con que habían sido ejecutados. Como dice la jurista Guadalupe Sánchez, con la anterior regulación la distinción entre abuso y agresión permitía a los jueces subsumir los hechos probados en su correspondiente tipo penal; es decir, disponer de un recinto de actuación limitado donde cada delito era penado de forma más o menos proporcional al hecho cometido. A partir de ahora, al estar todo englobado en el delito de agresión, los jueces disponen de un marco de interpretación más amplio donde un antiguo abuso podría ser juzgado con el tipo penal agravado (con penas de hasta quince años) o incluso que una agresión sexual pueda ser sancionada con penas más leves que con la anterior tipificación.

Legalismos aparte, ¿en qué nos afecta esta nueva ley? Aunque no suprime la presunción de inocencia (la carga de la prueba recae sobre el acusador, nunca sobre el acusado; lo contrario es anticonstitucional), sí cambia la presunción de delito. ¿Qué significa esto? Toda relación sexual es delictiva por defecto y le toca al hombre demostrar si hubo consentimiento, cuya prueba será posible si tuvo la osadía de grabar el encuentro o aportar un WhatsApp donde le felicitaron por sus artes amatorias (sí, hasta ese punto hemos llegado). A la mujer sólo le basta con probar la relación sexual que, como también especifica la ley, sólo será necesaria una primera denuncia para no revictimizar a la mujer. Con esto, se elimina la corroboración periférica: o sea, que la parte acusadora sostenga su testimonio en el tiempo sin contradicciones para que éste sea considerado una prueba. Irene Montero es muy clara al respecto: Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación para que sea considerada como una agresión sexual. Si crees en Dios, más vale que te pille confesado.

Es una vuelta de tuerca de la presunción de inocencia que, si bien no es eliminada de facto, se retuerce hasta viciar por completo su significado. En la práctica, cualquier hombre quedará sujeto a la buena voluntad de su compañera sexual. Aunque la inmensa mayoría de las mujeres son personas normales, podrían darse casos de encuentros sexuales poco satisfactorios, despechos personales o planes de futuro no correspondidos que sean utilizados de forma torticera para denunciar como violación algo que no lo es. Así lo indica el artículo 178.1 de la nueva ley: Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, como reo de agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto. Estos adjetivos, en ocasiones ambiguos, quedarán a juicio del tribunal, y he ahí el problema.

Cuando una ley es redactada a base de eslóganes pop (Hermana yo sí te creo, Sola y borracha quiero volver a casa y un patético etcétera) que recoge las reivindicaciones más delirantes del feminismo más radical, tóxico y pueril, nos vemos inmersos en una aberración jurídica del preámbulo a la disposición final. Es un paso más hacia el Derecho penal de autor en su enésima tentativa por demonizar a los hombres. No me van los alarmismos, pero si eres hombre de picos pardos, es tiempo de ser muy selectivo y poner un océano de distancia entre tú y aquellas personas con una visión patológica de las relaciones heterosexuales. Supongo que ese es el precio a pagar cuando activistas analfabetos de megáfono y fular trendy juegan a gobernar un país.